Cristina Fernández González
Investigadora predoctoral – Área de Derecho Penal
Centro de Investigación para la Gobernanza Global
Universidad de Salamanca

Todos podemos situarnos mentalmente en el final de una tormenta: si ha sido desastrosa, tiende a dejar tras de sí dos situaciones. La primera, un clima desolador en el que hay que reconstruir los elementos dañados, invertir en su reconversión y reorganizar. La segunda: nuevas oportunidades para la recuperación e incorporación de avances para tratar de prevenir el desastre ya sufrido. Trasladando dicho escenario a nuestra realidad social actual, tras haber sufrido etapas plagadas de corrupción, España ha intentado incorporar en su agenda mecanismos que traten de evitar dichos escenarios y puedan dar lugar a un desarrollo económico que nos ponga a la cabeza de países con mayores avances en la materia.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, a destiempo, descubrimos en 2013 como las tramas corruptas campaban a sus anchas por toda nuestra geografía desde hacía décadas. La política culpó a la crisis de la bolsa americana y a una economía basada en el ladrillo en dicho momento, sin percatarnos de que había otra burbuja mayor en construcción: la burbuja de los bolsillos de nuestros políticos. Como si del “Ladrillazo” se tratara, el colapso de los sobres llegó a su fin, afectando mayoritariamente a las políticas sociales. Los años sucesivos a 2020 nos pueden retrotraer a dicha situación: falta de transparencia institucional, compra pública de emergencia para paliar los déficits de material sanitario y un conflicto bélico en auge entre los que la preocupación por la corrupción apenas se vislumbra. ¿Qué podemos esperar de semejante atmósfera?

Para la Unión Europea la preocupación es clara, ya que manifiestan la necesidad de incorporar a nuestros sistemas públicos estrategias de detección y prevención de irregularidades e ilícitos que traten de evitar los desastres generados en la no tan antigüedad. Ante este escenario bélico, la preocupación en torno a la corrupción sigue siendo un problema al que no debe darse de lado, menos aun con las cuantías económicas destinadas al conflicto ucraniano, a combatir la Covid-19 y sus consecuencias, así como a paliar las carencias de suministros generadas por ambos problemas.

Considerando nuestra relación con la UE, el elemento crucial para el combate a la corrupción sobre fondos europeos se sitúa en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que, a su vez, colabora con la Oficina europea de lucha contra el fraude. En esa coordinación, los actores regionales pueden tener una menor presencia dado el desorden gestor en materia anticorrupción. Dicho de otra manera: la existencia de tan solo cuatro autoridades específicas en materia anticorrupción en distintas comunidades autónomas provoca que la falta de información para SNCA, sumado a la no incorporación de las medidas solicitadas por la UE, esté sirviendo de poco o nada para la estrategia europea en el combate a la corrupción. Esta afirmación se puede mostrar en los últimos informes PIF [1] y en el indicador 16.6.1. del INE con relación al objetivo de análisis de Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado originalmente, desglosados por sector [2]. La inexistencia de datos por encontrarse en exploración deja dos lecturas: i) existe un colapso claro en esta materia por una falta de trabajo coordinado con las autoridades nacionales y regionales; y ii) contamos con una falta de recursos estatales para desarrollar de manera efectiva nuestros compromisos con la transparencia institucional.

Países que han adoptado una estrategia nacional anticorrupción

[1] 32nd Annual Report on the protection of the European Union’s financial interests – Fight against fraud – 2020

Respecto al informe PIF de 2020 en relación con la aplicación del artículo 325 del TFEU, la no incorporación de una estrategia nacional en materia anticorrupción nos sitúa, tras varios años consecutivos, entre los países con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Sumado a nuestro sistema político descentralizado y a las devastadoras consecuencias político-económicas que ha generado nuestro contexto social, no contar con identificadores de vulnerabilidad y métodos de evaluación en las políticas anticorrupción supone, en sí mismo, no avanzar en los compromisos adquiridos con Europa, ni contar con la suficiente transparencia para conocer la magnitud del problema.

En esa misma línea, analizando el mapa situacional en el que quedan relativamente pocos países que no hayan incluido un sistema nacional anticorrupción, Alemania, a pesar de no contar con NAFS, incorporó determinadas medidas considerando su estructura federal, estableciendo un sistema de “cuatro ojos” sobre la autoridad de gestión y los organismos intermedios. De esta forma, centralizaron todo su trabajo sobre estrategias de prevención y detección en los distintos niveles, aumentando los recursos en monitorización de riesgos y establecimiento de medidas adicionales ante riesgos altos, específicamente, sobre los fondos FEDER.

Teniendo en cuenta nuestra forma de organización territorial, entre los tres niveles, la mayor participación sobre riesgos se concentra en las autoridades regionales, que comparten, a su vez, información con las autoridades locales (siendo el caso de Madrid o Barcelona: Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción de Madrid, y la Oficina para la Transparencia del Ajuntament de Barcelona). Si mejoramos las líneas de cooperación y oficializamos la Red de Participación de las autoridades, considerando que OLAF tiene presencia en dicha red a través de AFCOS (anti-fraud coordination service), y que la transposición de la Directiva 2019/1937 es casi inminente, España habrá dado un paso gigante para dejar atrás el clima post-tormenta, pudiendo reconstruir un sistema anticorrupción basado en la cooperación y en la prevención, dejando a un lado las reformas en materia penal que, lejos de desincentivar, han tenido un efecto casi nulo por la desorganización y escasez de recursos para la detección.

Siguiendo las palabras de BOSCH, “el conocimiento del pasado no corrige automáticamente el presente” [3]. En esos términos, España ha dado pequeños pasos a pesar de la incidencia de la corrupción en nuestra economía, alegando la transposición de Directivas tardías o renunciando, en el caso de algunos entes locales, a la incorporación de estrategias obligatorias para la percepción de fondos de ayuda Next-Generation. Nuestro inmovilismo es consecuencia de una falta de recursos, pero también de una falta de voluntad política arrastrada de tiempos lóbregos que parecen repetirse.

[1] European Comission (2021) Report from the Comission to the European Parliament and the Council. 32nd Annual Report on the protection of the European Union’s financial interests – Fight against fraud – 2020. Brussels, 20.9.2021 SWD(2021) 264 final. https://ec.europa.eu/anti-fraud/system/files/2021-11/pif_report_2020_art325_en.pdf

[2] INE (2022) Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/objetivo.htmid=5252#:~:text=Objetivo%2016.-,Promover%20sociedades%20pac%C3%ADficas%20e%20inclusivas%20para%20el%20desarrollo%20sostenible%2C%20facilitar,e%20inclusivas%20que%20rindan%20cuentas

[3] Mención expresa a las palabras de Joaquim Bosch. La patria en la cartera: pasado y presente de la corrupción en España, 2022. Ariel.